En España, las deudas tributarias con Hacienda prescriben a los cuatro años. Este plazo está regulado por la Ley General Tributaria y afecta tanto al derecho que tiene Hacienda para determinar y liquidar una deuda como al derecho a exigir su pago o a devolver ingresos indebidos. En el caso de los autónomos, ese plazo comienza a contar desde el día siguiente al fin del período voluntario para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente. Por ejemplo, si una liquidación de IVA vence el 20 de abril, el plazo de prescripción empezaría el 21 de abril del mismo año.
Ahora bien, este plazo puede interrumpirse. Si Hacienda lleva a cabo cualquier actuación formal relacionada con esa deuda —como un requerimiento, notificación de una liquidación, embargo o incluso una inspección—, el plazo de prescripción se reinicia y vuelve a contar desde cero. Lo mismo ocurre si el propio autónomo realiza acciones como presentar un recurso, pagar parcialmente la deuda o incluso pedir un aplazamiento. Todo eso se considera como una aceptación tácita de la deuda y, por tanto, interrumpe la prescripción.
Un detalle importante que muchos desconocen es que incluso acciones indirectas como descargar una carta de pago desde la sede electrónica pueden servir como argumento para que Hacienda reinicie el cómputo del plazo. Así que es fundamental tener cuidado con cualquier acción que pueda interpretarse como reconocimiento de la deuda. La clave está en que no exista ninguna actividad por parte de Hacienda ni del contribuyente que afecte al proceso durante esos cuatro años completos.
Si el plazo de cuatro años transcurre sin interrupciones, la deuda prescribe de forma automática y Hacienda ya no puede exigir su pago. No hace falta presentar ningún escrito ni hacer ningún trámite adicional. Eso sí, conviene guardar toda la documentación y estar atentos a posibles notificaciones que puedan haberse enviado dentro del plazo y que reactiven el proceso.
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